Penalizar la interrupción del embarazo no evita su práctica, sino que conlleva a que las mujeres recurran a procedimientos clandestinos e inseguros.
Es por eso que es necesario garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo seguros, legales y accesibles, como una de las formas más eficaces de reducir la mortalidad materna.
Platicamos con Ana María Pizarro, investigadora feminista y cirujana especialista en gineco-obstetricia, sobre lo que significa un aborto legal y seguro en una país como Nicaragua.
La ciudadana está incapacitada de tomar decisiones mientras nosotros consideremos que ellas tienen que pedir permiso al Estado, la Iglesia, la Policía, su pareja y la misma sociedad».
Legal = mujeres vivas
Para empezar hay que entender que el tema en sí no es despenalizar, es legalizar. Y en dado caso la propuesta máxima es legalizar y la propuesta posible es despenalizar.
«Legalizar la interrupción del embarazo es el reconocimiento de ciudadanía, porque tenés la obligación del Estado en garantizarlo, mientras que en despenalizarlo significa que ellos te dicen ‘ok, no vas a ir presa, ni el médico, pero no me hago cargo, andá ve vos cómo le haces’ y eso no debería ser así».
Al lavarse las manos el Estado, las mujeres quedan igual de indefensas o al menos a expensas de los precios exagerados que cobren las clínicas privadas por el servicio.
Uno de los beneficios más importantes, por supuesto, sería el fin de una época que favoreció a las personas sin escrúpulos quienes, motivados únicamente por dinero, practicaron interrupciones no seguras y médicamente deficientes, donde muchas mujeres mueren o quedan con graves secuelas.
Por otro lado, priorizar la vida de la mujer significa que podrán continuar sus estudios, trabajar y aportar a la economía del país sin que sus vidas cambien abruptamente, ya sea por las complicaciones médicas en una clínica clandestina, la crisis mental y emocional a causa de un embarazo producto de una violación o con malformaciones congénitas y, en el peor de los casos, debido a la muerte.
Globalmente los países que tienen las leyes en contra de la interrupción del embarazo son regiones donde las mujeres tienen menor nivel de educación, mayor nivel de pobreza y menor promedio de ingresos con respecto a los hombres (Schroedel, 2000).
Un sistema de salud más estable
Al estar penalizada la interrupción del embarazo más bien se convierte un un yugo para la sociedad, con hospitales públicos que no dan abasto ni pueden lidiar con casos de embarazos riesgosos.
«Más bien estás castigando al sistema de salud que utilice los poquísimos recursos que tiene en algo que pudo prevenirse y evitarse, pero claro, eso es parte de la irracionalidad del sistema».
Ana María considera que la inhumanidad se ha instalado en el sistema, al permitir que el sufrimiento de la mujer, la pareja y la familia continúe.
«En un caso de un feto anencefalico, por ejemplo, te dicen vaya a su casa hasta que se le muera y lo expulse solo o venga a parir acá y se va a morir en 4 o 5 horas más, ¿desde que punto de vista eso es respeto a la mujer? A nadie le importa, después dicen que son católicos pero ahí hay una contradicción enorme».
De igual manera, Ana María explica que la naturaleza hace que entre un 10 a un 15 por ciento de los embriones en gestación son expulsados, pues se da un aborto espontáneo y la naturaleza realiza un proceso de selección natural.
«Ahí se expulsan los que no sean viables, pero hay muchos que continúan y tienen graves malformaciones, entonces ahí debe intervenir el Estado para evitar que esa mujer siga sufriendo. Ellas no tienen necesidad de esperar 9 meses en esa agonía».
En resumen, ninguna polémica sobre la interrupción del embarazo puede negar la evidencia de que cualquier menoscabo del derecho de una mujer y del acceso a una interrupción del embarazo legal y segura pone en peligro la salud de las mujeres, sus familias y toda la nación.
FURIACA