-Solcita, juguemos al doctor. Hacete la enferma y quitate la ropa.
-No… no quiero jugar a eso.
-Dale… te va a gustar.
Con este tipo de juegos el padrastro de Sol abusó de ella por cinco años. Cuando su mama salía a realizar su rutina de enfermera, el abusador aprovechaba y abusaba sexualmente de la niña, provocándole traumas que nunca lograría superar.
Así como Sol, muchas niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual en este momento. Las paredes de sus casas esconden el dolor de estas víctimas que por miedo, quizás, no logren nunca denunciar a los abusadores.
En las últimas décadas ha disminuido la tasa de embarazos en adolescentes a nivel mundial, pero no en Nicaragua, que sigue siendo el segundo país de América Latina con la tasa más elevada. El fenómeno del embarazo a temprana edad, incluyendo cuando es a causa de violación y estupro, se ha naturalizado.
La impunidad en el acceso a la justicia, y la falta de acción de parte del Estado con políticas efectivas de prevención y educación en salud sexual y reproductiva, tiene como resultado la maternidad forzada de víctimas que perdieron para siempre la posibilidad de ser niñas.
“Se ha normalizado y naturalizado el abuso sexual, parece que a ninguna de las autoridades o de las instituciones públicas les importa esto que está pasando, porque si realmente dimensionáramos estas cifras estaríamos preparando planes de prevención en los colegios, hablando de métodos anticonceptivos, de educación sexual sin ningún tipo de prejuicio, hablando sobre abuso sexual, violencia sexual, desarrollando campañas televisivas, radiales, asignando presupuesto para esto, desarrollando manuales adaptados a niños, niñas y adolescentes, que les permitan poder identificar a un agresor y saber qué hacer cuando están en peligro. Es decir, todo esto tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con voluntad política por parte de las autoridades para poder responder a esta problemática social, que realmente la violencia sea considerada como un asunto de salud pública, como un problema social en el que Estado tiene que responder, aunque nosotras como Sociedad Civil, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, reflexionó Elia Palacios, psicóloga de la Asociación de Mujeres AXAYACATL.
El Código Penal y Procesal Penal establece el delito de violación cuando un adulto tiene relaciones sexuales con menores de 14 años, con o sin su consentimiento.
“Existe realmente en el Código Penal lo que es el Estupro y lo que es Estupro agravado. Es estupro agravado y la pena se agrava más cuando el agresor o la persona acusada que comete el delito tiene una relación de superioridad en relación con la víctima, puede ser que este sea su maestro o puede ser que sea el instructor, guía espiritual o alguien donde ella va habitualmente, como la iglesia; puede ser alguien donde ella tenga una relación de superioridad, por ejemplo, su maestro de baile. Inclusive puede ser algún padrastro, porque aquí la situación ya varía por el rango etario de la víctima, que sea mayor de 14 y menor de 16, que tenga acceso carnal con ella independientemente que sea voluntario. Tanto en el estupro simple, como el estupro agravado, inclusive el sujeto activo, es decir, la persona puede ser una mujer adulta”, nos aclara la abogada Eyling Cruz Rojas, Ex Fiscal de Violencia de Género.
Condenadas a ser madres
Nicaragua vive una pandemia de embarazos en adolescentes, la cual les arrebata a muchas menores su niñez, imponiéndoles un embarazo producto de una violación que les dejará secuelas para toda la vida.
Han pasado trece años desde que nuestra legislación en el año 2006 dio un paso hacia atrás en materia de Derechos Humanos, cuando penalizó de forma total el aborto.
El Aborto Terapéutico era permitido en nuestro Código Penal y se realizaba cuando la vida de la mujer estaba en peligro, por malformaciones congénitas incompatibles con la vida y por violación.
Sin embargo, fue penalizado en una clara negociación Estado – Iglesia y los resultados son alarmantes hasta el día de hoy: niñas violadas, obligadas a una maternidad forzada, a cargar con la secuelas y el trauma de la violación incrementado con la obligación de amamantar, de cuidar y de velar por ese niño o niña resultado de una violación.
Testimonio de una niña que fue violada de manera sistemática por su abuelo
desde los 7 años. Extraído del documental “Vidas Robadas”
En Nicaragua, 63% de las mujeres jóvenes tienen su primera relación sexual antes de cumplir 18 años, y 46 por ciento quedan embarazadas antes de cumplir esa mayoría de edad, revela un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
El cuerpo y la mente de una niña o adolescente no está preparado para asumir debidamente el peso de la maternidad. Un embarazo doloroso, seguido de un parto complicado y traumático puede acarrear trastornos psicológicos graves como la depresión, el rechazo al bebé y hasta el suicidio.
Sin embargo, conforme a nuestra Legislación, la posibilidad de que se practique un aborto podría condenar a la cárcel tanto a la menor como a quien le acompañe en el proceso y al médico o médica que lo realice.
Impunidad para los abusadores
La investigación “Vidas Robadas”, realizada por la Asociación de Mujeres AXAYACATL, demuestra que la impunidad agrava las secuelas de las víctimas y refleja que solamente el 10% de los agresores al momento del estudio estaban cumpliendo su condena y el resto gozaba de libertad por la impunidad otorgada por el Estado.
“Es una investigación regional y nosotras estuvimos a cargo de la misma en Nicaragua. En la investigación se refleja aun más que los agresores sexuales son esas personas cercanas a la niña, de las que a veces no desconfiamos, porque les enseñamos a las niñas a cuidarse de los desconocidos, de las personas ajenas a ese núcleo familiar, sin embargo, la mayoría de los agresores están dentro de la familia, son amigos de la familia, son personas con quienes la niña establece un vínculo de confianza y basado en este vínculo es que el agresor abusa de la menor”, manifestó Elia Palacios.
En la investigación se presentaron casos en el que el agresor fue condenado en el juzgado especializado en violencia, pero salió libre en el Tribunal de apelaciones.
“Por lo que haya sido siempre buscan algo para que queden en libertad. El Estado juega ese papel importante en la sanción y en contribuir en la no-impunidad de los agresores sexuales”, expresó Elia Palacios.
Los procesos legales conllevan una carga emocional, moral y económica para las niñas, las adolescentes y sus familiares. Lo que hace que terminen abandonando el proceso, con daños emocionales más profundos, producto de la revictimización.
El abusador podría estar muy cerca de vos
Tu compañero de trabajo, el sacerdote de tu iglesia, tu hermano, la vecina, tu pareja; todos pueden ser potenciales abusadores. En el 90% de los casos de abuso sexual infantil, son por personas cercanas a la víctima (UNICEF).
Los crueles mitos del abuso sexual
Muchas veces se culpabiliza a la víctima y no al agresor. En la Concha, feligreses cercanos al sacerdote abusador hicieron campañas de desprestigio, afirmando que la adolescente “se le había metido”, queriendo hacer ver que “ella lo había provocado”.
Es fundamental trabajar los mitos y estereotipos que sostienen la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellos basados en percepciones misóginas, machistas y adultistas. A continuación, te presentamos algunos de los mitos más frecuentes, y la evidencia que permite su abordaje:
La denuncia de una menor depende del apoyo que perciben en su entorno y del apoyo que pueden encontrar en las personas de su familia. Hay que escucharlas, no juzgarlas, brindarles información, pero sobre todo creerles.
Todos los días una menor es abusada. Mientras no se realicen cambios sustanciales en el sistema judicial y, principalmente, en nuestra sociedad, ese pequeño porcentaje de menores que logran denunciar seguirán siendo solamente titulares condenados al olvido.
Este reportaje hace parte de #NiñasNoMadres, la primera conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado infantil en América Latina, una alianza entre GK y Wambra (Ecuador), Mutante (Colombia), Ojo Público (Perú), Nómada (Guatemala) y Managua Furiosa (Nicaragua).
Fotografía de portada: Greta Cisne.