El tema del aborto sigue siendo una bandera de lucha muy importante para las mujeres en América Latina.
El caso de Nicaragua es aún más dramático que el de muchos países del continente debido a que el aborto se encuentra ilegal en cualquier causal, es decir, sin importar el riesgo que el embarazo implique para la vida de la mujer.
Los países con la legislación más restrictiva son Haití, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Surinam y El Salvador, en este último, hasta la fecha 28 mujeres cumplen condenas de hasta 40 años por haber interrumpido voluntariamente su embarazo.
Pero en Nicaragua las cosas no siempre fueron así, de hecho la ley de penalización del aborto fue aprobada en el año 2006, antes de eso, en el país el aborto estuvo parcialmente despenalizado por 169 años (entre 1837 y 2006).
Durante ese periodo una mujer embarazada podía obtener un “aborto terapéutico” bajo una serie de motivos de salud.
Cuando la ley del aborto fue discutida en la asamblea nacional, no se le permitió a los Movimientos de Mujeres expresar ante los diputados las causas por las que no debía ser penalizado, en cambio, a las iglesias católica y evangélica se les dio un lugar.
Han pasado 13 años desde entonces y no queda ninguna duda del pacto iglesia-estado que significó esa ley.
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Es escalofriante ver hacía atrás y recordar las palabras que dijo Rosario Murillo en el año 2006, cuando el tema del aborto se volvió un asunto electoral:
«Somos enfáticos: No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino (…) El FSLN respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida (…) Por eso decimos que nos unimos al clamor de la Iglesia y recogemos el clamor de las mayorías nicaragüenses que están contra el aborto.»
No es de extrañar escuchar palabras así de una mujer que ha utilizado la fe de las/os nicaragüenses para justificar crímenes de lesa humanidad cometidos por ella y su gobierno.
La vida de las mujeres
En el año 2010 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Amelia, una mujer embarazada con un cáncer que había hecho metástasis en su cerebro, pulmón y una de sus mamas.
Se pedía que ella tuviera medidas cautelares para poder realizarse un aborto y así recibir quimioterapia. Cuando accedieron al tratamiento ya el embarazo de Amelia había avanzado, recibió quimioterapia y perdió a su bebe a los 8 meses. Ella murió un mes después.
Otro caso emblemático fue el de Cruz Selena Centeno de 20 años, ella fue diagnosticada a los seis meses de embarazo con hepatitis y anemia lo que provocó que el feto muriera.
Lo dramático del asunto fue que los médicos se negaron a sacar el feto de su vientre pese a que ya estaba muerto. Su sangre se infectó hasta que murió de septicemia.
Muy poco se sabe sobre los efectos de la prohibición del aborto y la mortalidad materna en las cifras publicadas por el Gobierno de Nicaragua.
Tampoco existen datos estimados sobre la cantidad de abortos ilegales o las personas que han sido arrestadas o denunciadas por cometerlos.
La idea extendida de “salvar las dos vidas” en la práctica no es más que una mentira.
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Violación no es sexo consentido
Además de estos casos dramáticos donde el aborto terapéutico pudo haber salvado la vida de estas mujeres, en Nicaragua debemos lidiar con ser uno de los países con los índices más altos de embarazos adolescentes.
En el “mejor país para ser mujer” durante el año 2016 se registraron 16 mil denuncias de personas víctimas de abuso sexual, siendo 7,600 niñas menores de 13 años; estos datos fueron presentados por el Instituto de Medicina Legal.
IPAS Centroamérica en uno de sus informes relata que en Nicaragua anualmente ocurren alrededor de 1,600 partos de niñas menores de entre 10 y 14 años, según datos los propios datos del Ministerio de Salud.
Estos casos son realmente preocupantes, considerando que la ley establece que el sexo con menores de 15 años se tipifica legalmente como violación. Nuestro país está condenando a miles de niñas a ser madres y está dejando en la impunidad a sus violadores.
No podemos ni imaginar las graves repercusiones físicas y psicologías que tienen para una niña ser madre a tan temprana edad y más aún, producto de una violación.
El derecho a decidir
Además del tema de la repercusión en la salud y la vida de mujeres y niñas, es importante hablar sobre nuestro derecho como mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos.
Desgraciadamente en un estado como el nuestro, todavía nuestras decisiones están supeditadas a los pactos entre el gobierno y la iglesia, como si aún viviéramos en la colonia y como si la iglesia (y no las miles de sugerencias de los organismos internacionales de salud) estuviera especializada en temas de salud pública.
Existe evidencia científica que demuestra que legalizar el aborto no incide en la tasa de aborto inducido, sino todo lo contrario, son las leyes anti aborto las que elevan las tasas de abortos inseguros, lo que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Las severas restricciones que existen en Nicaragua y América Latina se traducen en un grave problema de salud pública.
Según un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology, al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros.
Asimismo, anualmente, unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas.
De lo que debemos estar claros es que penalizar el aborto no va a evitar que suceda, solo hará que cientos de mujeres se vean orilladas a la clandestinidad y a poner sus vidas en riesgo a través de métodos inseguros, y a las que decidan continuar con sus embarazos, muchas veces las condenará a una situación de pobreza y marginalidad por un embarazo no deseado.
El derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos es un asunto de salud pública, no de campaña electoral ni de sermón de iglesia.
FURIACA