La represión que vivimos desde abril no se limita al pacífico del país, sino que también ha tenido lugar en otras poblaciones ubicadas en lugares remotos del país y que no llegan a ser noticia, como la Costa Caribe.
Hace unos días el pueblo miskito, comunidad indígena de Nicaragua, sostuvo una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Han sido muchos esfuerzos los que desde el 2015, líderes y miembros del pueblo miskito han trabajado para que finalmente pudieran exponer la violencia y desplazamiento a la que han sido forzados desde entonces.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección a favor de doce comunidades para que el Estado garantizara su seguridad. Sin embargo, nunca fueron acatadas y la represión continuó: ataques armados, asesinatos, desaparaciones, violencia sexual, entre otros.
El proceso y la demanda continuarán, a pesar de la poca y casi nula voluntad de parte del Estado para resolver la crisis de los miskitos, sobre todo en el contexto actual.
Para George Henríquez, en el caso de la Costa Caribe, la insurrección de abril que inició en Managua, sólo ayudó a visibilizar lo que los pueblos costeños han venido sufriendo por los últimos 11 años. La represión por paramilitares ha dejado más de 3,000 personas desplazadas y más de 100 personas secuestradas, asesinadas o violentadas.
«Nuestras voces no hicieron eco a nivel nacional, se nos acusaba de racistas, radicales y locos/as cuando se hablaba de la represión por grupos de colonos paramilitares, ningún empresario se pronunció sobre los tomatierras en la Costa Caribe hasta que vivieron la experiencia», expresa George, quien es especialista en género, etnicidad y ciudadanías interculturales.
Por mucho tiempo los costeños han demandado respeto a la Constitución y cumplimiento del Régimen de Autonomía, de la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal de las Tierras de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Dolene Miller es Psicóloga Social, además de Asesora técnica del gobierno Comunal Creole de Bluefields y Asesora técnica Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua. Para Dolene, quien ha trabajando en función de estas temáticas por muchos años, la crisis ha sacado a luz los antivalores de las políticas del Estado nacional.
«Este problema estructural de racismo y discriminación lo viene arrastrando el gobierno desde que se formó el Estado, las políticas públicas con que se aborda la Costa es con sesgo y racismo solapado y en muchas ocasiones abiertas’’, nos comenta.
Sí, la crisis ha producido mayor empatía con la lucha de los pueblos indígenas y afro-descendientes. Sin embargo, todavía continúa perpetuándose el racismo estructural. Dolene comenta un ejemplo: muertos por la tierra y un proceso de autonomía secuestrado no sólo por los partidos políticos nacionales, sino por el Estado que no pretende continuar el proceso de demarcación territorial y no tiene intención de descentralizar las funciones autonómicas para las administraciones regionales.
«Estos problemas no los quiere resolver el gobierno y la perpetua a través de la educación», afirma Dolene.
Un antes y un después desde el 18 de abril
El asesinato del periodista Ángel Gahona, mientras cubría las protestas en Bluefields el 21 de abril, fue uno de los primeros en darse durante la primera semana de manifestaciones. Posteriormente, Brandon Lovo y Glen Slate, jóvenes costeños fueron detenidos y acusados como autores del crimen.
Tanto la familia de Gahona, como la de Brandon y Glen sostienen que no fueron ellos quienes dispararon en contra del periodista, sino miembros de la Policía Nacional.
En estos momentos Brandon y Glen están cumpliendo una condena de 23 y 12 años de cárcel, respectivamente. Ambos presos políticos del Estado nicaragüense.
¿Por qué todo esto es relevante?
Porque al inculpar a personas que no son de clase alta y tampoco son blancas sin ningún tipo de pruebas, es aprovecharse de ideas clasistas y racistas. Personas que de entrada ya tienen la imagen empañada por estereotipos.
Pensar si existe un antes y un después del 18 de abril en la Costa Caribe es muy difícil, según D, estudiante de 22 años de Bluefields. ‘‘Siempre hemos sido una población invisibilizada y eso que lo digo desde un punto de vista privilegiado porque soy una persona mestiza’’, dice Dolene. A pesar de ello, cree que, ahora, en el Pacífico se maneja mayor información sobre la Costa y ha aprendido ha habido un avance en términos de inclusión.
El asesinato de Gahona hizo que el Pacífico mirara hacia el Caribe y que la detención de Brandon y Glen no fuera una más de tantas. Sus fotos desde entonces han sido cargadas en marchas y plantones. Para Ileana Lacayo, periodista costeña y en el exilio forzado, el caso de su colega Ángel significó mucho para la comunidad, aunque todavía no marca un antes y un después, ya que las problemáticas históricas de la Costa Caribe no han sido tratadas adecuadamente por ningún gobierno.
«Fuera de este caso no veo cómo la Costa sea visibilizada, pero tengo la esperanza de que por ser un movimiento de insurrección incluyente, pueda retomarse esta agenda y que se haga desde los diálogos costeños, no desde lo que considera el país», comparte Ileana.
¿Cuáles son las demandas de los pueblos costeños?
Para D reconocer a los pueblos costeños e indígenas lleva más esfuerzo que el hecho de aprender su lengua. «A mí me enoja leer en Twitter a la gente blanca diciendo que ahora aprenderán a hablar miskito. Me enfurece porque sinceramente nunca les importó y creen que eso es todo».
No se puede pensar en una única Costa, sino en una región diversa donde se opina, cree, vive y habla de formas diferentes, destaca Ileana. Dolene, por su parte, agrega que la mayor expectativa es que finalmente el Pacífico de Nicaragua entienda que cuando hablamos de los procesos de autonomía y demarcación, estos significan autodeterminación para los pueblos y el ejercicio pleno de nuestros derechos, pero que no necesariamente signifique separación o independencia del territorio de la Costa.
¿Qué necesita la Costa Caribe, entonces?
«Descentralización, una implementación realista del Régimen autonómico, demarcación y saneamiento de los territorios, derrogación de la Ley 840, consultas libres, previas e informadas para los proyectos a realizarse, que los partidos políticos se abstengan de participar en las elecciones regionales y reforma a la ley electoral para la inscripción de candidatos en procesos electorales a través de circunscripción popular y étnica». Estas son algunas de las acciones que cree necesarias George para que los costeños puedan realmente tener un cambio y alcanzar verdaderamente el cumplimiento de sus derechos.
Demandar justicia, democracia y libertad debe partir también desde la inclusión de la Costa Caribe. No informarse, callar y no acompañar la lucha indígena y afro-descendiente ya no debe ser una opción en esta actual Nicaragua.
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