En Nicaragua el problema de violencia en contra de las mujeres ha ido en crecimiento, datos estadísticos lo demuestran. En el año 2007 se realizaron 10,905 peritajes clínicos de violencia doméstica e intrafamiliar, representa la segunda causa de lesiones físicas no fatales en el país. En 2008, 78 mujeres fueron víctimas de esta pandemia pública, en 2009 79, 89 casos en 2010, 2011 se reportaron 76. En 2012 85, y en el año 2013 74 féminas. En lo que va del año 2014, 55 y 61 femicidios sucedieron en Nicaragua, todas estas mujeres fueron víctimas de sus novios, esposos, ex compañeros, familiares, conocidos, entre otros.
La violencia que han sufrido y siguen padeciendo las mujeres la reciben de forma directa e indirecta, no es un hecho aislado y particular, esto cada vez es más evidente, lo que ha llevado a las naciones del mundo a darle un tratamiento diferenciado, y verlo no solo como un problema social, sino que de salud pública.
La violencia tienen impactos sociales y económicos, a nivel individual (para los sobrevivientes, perpetradores y otros afectados por la violencia), así como al interior de la familia, comunidad y la sociedad en general, lo que resulta en grandes gastos económicos porque se deben atender enfermedades, entre ellas las mentales: Depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio, abuso de sustancias (incluyendo alcohol).
También afecta las habilidades de las mujeres y las hace caer en la deficiencia para el funcionamiento social, las aísla y margina socialmente, pérdida de días laborales, baja productividad y por ende ingresos. Reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política; y desembolsos (a nivel individual, familiar y del presupuesto público) para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección, todo esto incurre en grandes gastos para el presupuesto de una nación.
Asimismo empresarios y empleadores pueden incurrir en pérdidas financieras debido a las ausencias de trabajadoras sobrevivientes de la violencia, ya que presentan secuelas en su salud que les impiden laborar.
La violencia contra las mujeres y niñas afecta adversamente el desarrollo humano, social y económico de un país, dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza y tiene consecuencias intergeneracionales. Reduce la productividad y agota los presupuestos públicos. Acarrea enormes costes directos e indirectos para las supervivientes, los empleadores y el sector público por los gastos en materia de sanidad, policía, servicios jurídicos y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales y de productividad.
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y conseguir el desarrollo, es por ello que la desigualdad y la violencia de género obstaculizan los esfuerzos de los países para salir adelante. También socava sus derechos fundamentales, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública, las oportunidades de formación y de empleo de las mujeres, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de los niños, niñas y la sociedad en su conjunto.
Los costes y las consecuencias de la violencia contra las mujeres permanecen durante generaciones. Los niños y niñas que han presenciado o sufrido violencia basada en género, tienen más probabilidades de llegar a ser víctimas o maltratadores. Corren un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y un deficiente rendimiento escolar, entre otros problemas que dañan su bienestar y desarrollo personal.
Es debido a esto que las autoridades nicaragüenses deben de velar por la seguridad de las mujeres, y de esta manera se estaría ahorrando grandes gastos, no es excusa decir que falta presupuesto para atender este problema de salud pública que no solo afecta a la mujer, sino que a su entorno y por ende a la economía nacional.
Las autoridades correspondientes aducen que necesitan presupuesto para la creación de juzgados especializados, equipamiento y reforzamiento con investigadores de la Comisaría de la Mujer, además de la capacitación de fiscales especializados.
La pregunta es: ¿Y esto cuándo será realidad?. Autoridades correspondientes despierten y vean que la magnitud de la violencia en Nicaragua es muy grave, se está agudizando y se repiten patrones de conducta de generación en generación, comencemos a educar desde nuestros hogares, las escuelas, las instancias correspondientes porque la violencia solo trae más desajustes a la economía nacional y trastornos a la familia, que la falta de dinero no sea obstáculo para la aplicación de la ley.
Actuemos todos en conjunto, como de alguna manera lo hemos venido haciendo, padres, escuelas, autoridades correspondientes, sociedad en general, medios de comunicación que también juegan un rol importante dentro de la sociedad y que son formadores de opinión, su quehacer periodístico se debe de revestir de valores, principios, criterios, opiniones, etc., como un compromiso profesional, ético, y sobre todo un enfoque de derechos humanos y de género.
Escrito por Claudia Espinal Baquedano
Fotografía de Christopher Hasbani
FURIACA
Muy acertado y bien elaborado ademas veo bien que fue muy investigado ya que el contenido esta bien argumentado.