Este 2 de septiembre de 2026 marca el inicio de su debate oral y público ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, enfrentando un proceso judicial que ha desgastado su vida durante casi cuatro años. Ante esta embestida que busca silenciar la disidencia, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, la respuesta de Sinto no ha sido el repliegue, sino una acción de profunda potencia estética y política realizada a las seis de la mañana frente a la Plaza de los Derechos Humanos.
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El huipil de Patzún: un lienzo de memoria y dolor
La acción artística de Sinto, titulada significativamente «6:00 AM», evoca y transforma la hora exacta del 24 de noviembre de 2021 en que agentes del Estado irrumpieron en la intimidad de su hogar para capturarla.
En lugar de permitir que ese instante de vulneración doméstica permanezca solo como un trauma impuesto, la artista ocupó ese espacio temporal para bordar las fechas de su criminalización sobre su propio huipil de Patzún. Esta es la misma prenda que vestía el día de su allanamiento, un traje Kaqchikel que el Ministerio Público confiscó arbitrariamente como supuesta «evidencia» de un delito y que una jueza se negó a devolverle, ignorando su profundo valor cultural.
Sobre la tela, la aguja de Nanci trazó pacientemente una dolorosa pero digna cronología: la manifestación del 21 de noviembre de 2020 contra un presupuesto legislativo que reducía la protección para la salud y la desnutrición; el allanamiento y su captura en noviembre de 2021; el sobreseimiento dictado a su favor en junio de 2022; las medidas sustitutivas de abril de 2023; y el inicio del debate oral y público este 2 de septiembre de 2026.
En la espalda de la prenda, la frase “Libertad para Lxs Presxs Políticxs” desplaza el dolor individual hacia una denuncia colectiva. Sinto traslada las fechas frías del expediente judicial a la calidez de la tela, demostrando que la criminalización se carga directamente sobre el cuerpo de las de por sí vulneradas mujeres indígenas en el sistema de justicia.
La aguja contra el montaje de la criminalización estatal
El enjuiciamiento de Nanci Sinto por el presunto delito de depredación de bienes culturales —derivado de unas supuestas pintas en la fachada del Congreso— es un claro ejemplo de la instrumentalización de la justicia para castigar la disidencia. El sistema de justicia ha ignorado de manera sistemática que la manifestación del 21N de 2020 nació de un legítimo descontento popular y que fue la propia Nanci quien sufrió agresiones físicas y un uso desproporcionado de la fuerza a manos de las fuerzas policiales, un hecho admitido incluso por la fiscalía. La contradicción es absoluta: se persigue penalmente el trazo de pintura en una pared mientras se consagra la impunidad de la violencia estatal contra los manifestantes.
El hostigamiento judicial se vuelve evidente al observar las idas y venidas de este caso. En junio de 2022, la jueza Wendy Coloma suspendió el proceso debido a que la fiscalía no logró demostrar que las supuestas pintas afectaran la esencia o autenticidad del edificio. Sin embargo, la apelación del Ministerio Público, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación forzó la reapertura del juicio.
A esto se suma la alarmante asimetría procesal vivida en los tribunales, como cuando la jueza Sonia Carol Martínez rechazó 20 de las 21 pruebas ofrecidas por la defensa de Nanci, mientras aceptó 55 de las 56 pruebas de la acusación de la fiscalía, llegando incluso a cerrarle la puerta a los medios de comunicación. Frente a este enjuiciamiento desmedido liderado ahora por la jueza Bélgica Deras, la voz de Sinto resuena con la urgencia de un llamado de atención para la sociedad civil: «Manifestar no es delinquir». El arte de bordar es hoy, más que nunca, un acto de memoria histórica que desafía el castigo y la censura del Estado.
FURIACA